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El miércoles se dio una masiva concentración para reclamar por Gisela, la compañera que sufre violencia de género y fue despedida por Trenes Argentinos.

Los trabajadores ferroviarios del Sarmiento con el acompañamiento de organizaciones sociales reclamaron que la reincorporen a su puesto.

La jornada anunciada semanas atrás tuvo como escenario a Castelar, más específicamente frente al servicio médico de la empresa Trenes Argentinos que funciona allí. Cerca de las 15hs comenzaron a llegar los manifestantes en gran número.

Herrera contó días atrás, que “tuvo 8 meses de licencia por problemas psiquiátricos”, según constaba los registros del servicio médico. Sin embargo, la joven de 24 años oriunda de Moreno, señaló que “había dejado en claro la situación de violencia de género a la que estaba sometida y era víctima.

La irregularidad en el trabajo debido a estas faltas data de dos años y medio, con denuncias por agresiones y pedidos de perimetrales que no eran respetadas por su pareja, desembocaron en suspensiones y luego su despido.

Durante la manifestación de ayer se puso el foco sobre el reclamo del cumplimiento de la ley 26.485, “en la que se obliga a las empresas a cuidar de la salud mental de las mujeres víctimas de violencia de genero al tiempo de darle herramientas útiles para atravesar la situación”.

Por otro lado, el reclamo también tuvo repercusión en el hall central de la estación de Once. Allí ferroviarios desde las 17hs se manifestaron reclamando al unísono por la reincorporación de Herrera. 

REINCORPORACION YA!

Gisela es madre de cuatro hijos y víctima de violencia de género. En 2016 comenzó con presentaciones judiciales y consiguió algunas restricciones perimetrales. Todo fue notificado a la patronal. Sin embargo, el 7 de febrero la empresa Trenes Argentinos la despidió “por faltadora”, desconociendo que Gisela tuvo ocho meses de licencia psiquiátrica, que debió tipificarse como violencia de género y que está en una situación de extrema vulnerabilidad.

Trenes Argentinos es una empresa estatal que incluso tiene un convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres a cargo de Fabiana Tuñez. Está obligada, como toda empresa, y más aún por ser del Estado, a cumplir con la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres. En este caso, la empresa está cometiendo un delito al incumplir la norma, ejerciendo violencia institucional, laboral y económica al dejarla sin sustento. 
Las trabajadoras del ferrocarril Sarmiento y desde la Casa que Abraza venimos exigiendo la implementación de la ley 26.485 para que se garanticen las capacitaciones y talleres contra la violencia de género, empezando por los jefes. Esa norma sostiene, entre otras cosas, que cuando se notifica un hecho de violencia de género se le deben dar a la víctima todas las herramientas que necesite para salir de esa situación. Denunciamos a la empresa y al gobierno como responsables de la desprotección en la que se encuentra Gisela y exigimos su inmediata reincorporación. FOTO: Iri Lavallena Fotografía

 

 

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