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La Corte Suprema rechazó hoy un recurso de la defensa del ex ministro K actualmente detenido.

La Corte Suprema rechazó hoy un recurso de la defensa de Julio De Vido, el detenido ex ministro de Planificación kirchnerista, y mantuvo en pie el juicio oral por la compra de trenes "chatarra" contra el ex funcionario previsto para el año próximo.

Los jueces del máximo tribunal desestimaron un recurso de queja donde la defensa cuestionaba el procesamiento de De Vido en la causa por la compra de los trenes inservibles a España y Portugal, informaron fuentes judiciales. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. 

De Vido fue detenido el miércoles pasado cuando perdió sus fueros en el marco de dos causas: la investigación por malversación de fondos en la reactivación de la mina de Río Turbio y un procesamiento con prisión preventiva por la compra de gas licuado con sobreprecios. La detención, de alto contenido político, se dio en causas en las que está imputado por dos jueces de primera instancia: Luis Rodríguez y Claudio Bonadio. En cambio, está siendo juzgado en la causa por la tragedia de Once y está en marcha el trámite hacia el juicio oral por la compra de trenes "chatarra" a España y Portugal.

Es sobre esta causa que el ex ministro y ex diputado había planteado un recurso que llegó a la Corte y que ahora fue rechazado por el máximo tribunal. En este caso, De Vido está procesado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. A diferencia de Ricardo Jaime (detenido en este expediente), el ex ministro no está acusado de cohecho, es decir, coimas.

Al ex ministro se lo acusa de haber diseñado entre 2004 y 2012, junto al ex integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Carlos Retuerto Castaño -también enviado a juicio- un "plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública", puntualmente con acuerdos y contratos "escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos". Así, dijo el escrito del juez federal Julián Ercolini, "determinaron la compra por parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario".

En la operación se le pagaron unos 76 millones de euros a España y alrededor de 26 millones a Portugal. A criterio de Ercolini, en el marco del "Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional" se "generaron las condiciones necesarias para la concreción de la maniobra descripta, favorecida por el relajamiento de los controles inherentes al titular de la cartera ministerial". "Ha quedado corroborado frente a las excesivas sumas de dinero involucradas en las contrataciones antes descriptas, y a la innecesaria intervención de sociedades intermediarias en las operaciones, que el consorte de causa Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, recibió una retribución pecuniaria ilegítima, que se vio posibilitada por las contribuciones efectuadas a la maniobra descripta por cada uno de los partícipes, en la medida de sus responsabilidades".

En mayo último, Ercolini ya había elevado a juicio un tramo previo de la investigación para que sean juzgados el ex secretario Jaime, su colaborador Manuel Vázquez, Ricardo Testuri (funcionario de la Secretaría) e Ignacio Soba Rojo (intermediario en las operaciones), por los delitos de "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública y cohecho". A fines de julio, el fiscal federal Federico Delgado pidió que De Vido fuera enviado a juicio porque el Estado pagó casi 102 millones de euros por "material ferroviario en malas condiciones".

"Se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas", argumentó Delgado. El fiscal reprodujo un informe de la sección de Ingeniería de Técnicas Ferroviarias que en 2005 dictaminó que "el estado de los coches no era bueno, que presentaban gran deterioro y faltantes", "que algunas ruedas estaban muy gastadas" y "que a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban de componentes".

También consignó "que algunos coches estaban muy oxidados y necesitaban la sustitución de grandes paños", "que las ventanas requerirían reparación de abolladuras, golpes y recuperación fuerte de marcos, cristales y mecanismos" y "que las puertas de acceso e intercomunicación y fuelles requerirían una gran intervención". Fuente: elintransigente.com

Bordó Nacional