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El hecho ocurrido en Mariano Acosta pone de manifiesto los anuncios fallidos y las irregularidades que involucran al ámbito ferroviario.

Un repaso de los aspectos más polémicos: En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner llamó a licitación para comenzar las obras de soterramiento del tren Sarmiento. No era una idea propia: desde 2000 el proyecto da vueltas en la cabeza de distintos dirigentes políticos. Once años después, el accidente ocurrido este lunes por la mañana recuerda los anuncios incumplidos.

La adjudicación de las obras fue realizada por Cristina Fernández de Kirchner en 2008. Se destinaron $3367 millones para la primera etapa y el ganador fue un consorcio llamado Nuevo Sarmiento, integrado por IECSA (Constructora Norberto Odebrecht), COMSA y Ghella. Toda la obra llevaría tres años, por lo que el ramal Caballito-Moreno (32km) estaría soterrado para 2011. 

IECSA perteneció, hasta abril de 2017, a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. A principios de este año, el sitio O Estadao do Sao Paulo reveló que estuvo involucrada en el pago de coimas, precisamente, por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Entre demoras e irregularidades, sucedieron accidentes que provocaron anuncios y relanzamientos. El más recordado es el de 2012, cuando una formación chocó contra el paragolpes del andén 2 de la estación de Once, dejando 51 muertos (una de ellas, embarazada) y 703 heridos. El año anterior, en el barrio de Flores, un ómnibus y dos ferrocarriles protagonizaron otro siniestro. Un colectivo de la línea 92 cruzó las vías y fue embestido por un ferrocarril de la línea Sarmiento, que a su vez descarriló y embistió a otra formación. Se registraron 11 muertos y 228 heridos.

Ambos hechos tuvieron un factor en común: el error humano. En la tragedia de Once fue condenado el maquinista, Marcos Córdoba, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estrago culposo agravado por el resultado de lesiones y muerte.

En cuanto a Flores, al momento del siniestro, el vocero de Trenes de Buenos Aires (TBA) expuso la hipótesis del error humano: un descuido del colectivero, que no vio el tren, y la posibilidad de que en el paso a nivel estuviera un supervisor de la línea 92 que levantó en forma manual el brazo de la barrera para que el colectivo la pudiera trasponer. 

Cabe recordar que TBA era propiedad de los hermanos Cirigliano. Uno de ellos, Claudio, también fue condenado, junto a varios directivos de su empresa, a prisión por la tragedia de Once, tras ser encontrados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. En esta causa también fueron condenados Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime (ex secretarios de Transporte del gobierno kirchnerista). Julio De Vido, por su parte, fue procesado como supuesto coautor del delito por orden del juez Claudio Bonadío.

La sospecha del error humano también aparece en el accidente de este lunes. El presidente de la operadora estatal Trenes Argentinos, Marcelo Orfilia, informó que el guarda, acusado de no bajar la barrera al quedarse dormido en el paso a nivel donde chocaron un tren y un colectivo en el partido bonaerense de Merlo, respondió "tres alertas" poco antes de la colisión, que arrojó el saldo de dos muertos y 14 heridos.

La polémica en torno al ámbito ferroviario no solo está vinculada a los siniestros. En 2009, Perfil.com reveló el negociado de TBA para reparar sus trenes. En abril de 2017, Julio De Vido también fue procesado por la compra fraudulenta (producto de sobreprecios) de trenes a España y Portugal. En 2012, la Auditoría General de la Nación había advertido sobre este hecho, e indicó que el 44% del total del material adquirido a Portugal no servía, cifra que ascendía a 58% en el caso de España.

Solo en los tres accidentes mencionados (Flores, Once y Mariano Acosta) se registraron 64 muertos y casi mil heridos. Para el año del primer siniestro (2011), el soterramiento del Sarmiento tendría que haber estado finalizado. Recién en abril de 2016 Macri anunció nuevamente el plan de obras, y en octubre de ese año se puso en marcha la tuneladora. En junio de 2017, el mismo gobierno anunció la creación de un equipo para auditar el contrato del soterramiento, dado que Odebrecht habría pagado coimas por 35 millones de dólares. FUENTE: Perfil.com

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