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La Oficina Anticorrupción solicitó la elevación a juicio de la causa contra Julio de Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

El exfuncionario kirchnerista está acusado de "defraudación a la Administración Pública" por supuestamente haber perjudicado Estado por más de 100 millones de euros.

En la causa, que tiene a la OA como querellante, está involucrado también el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien está detenido en el penal de Ezeiza desde abril del año pasado por esta investigación. La denuncia es por la adquisición de material ferroviario a los países europeos en 2005, "con el objetivo de fortalecer y desarrollar el Sistema Público de Transporte Ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires".

 Según la OA, "De Vido, junto con su consorte de causa Ricardo Jaime, llevó a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público" por este negocio. De acuerdo con el escrito presentado por el organismo que dirige Alonso, el Gobierno le pagó entre 2007 y 2011 a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE la suma de 76.313.108,85 euros y a la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses la suma de 25.639.896 euros.

 La querella sostiene que el material rodante adquirido a cambio sería de calidad inferior a la del valor pagado y calificaron los contratos como "absolutamente leoninos para el Estado argentino". "Se firmaron acuerdos, contratos y adendas entre el ministerio que dirigía De Vido y la Secretaría de Transporte de la Nación, que estaba a cargo de Ricardo Jaime, a través de los cuales el Estado nacional adquirió material rodante obsoleto con sobreprecio, en muchos casos en un estado inservible", aseguraron.

 En esta línea, detallaron que "De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos y, también, omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte, que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos". El organismo también destacó que la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó irregularidades en la compra y sostuvo que no se realizaron inspecciones completas sobre el material adquirido.

 También señalaron que en otro informe, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) consideró que del total de 46 unidades a la venta, 36 se encontraban fuera de servicio y 10 para desguace, mientras que otros 21 coches se encontraban en estado de abandono.

 De Vido enfrenta varias causas por presuntos hechos de corrupción durante su gestión al frente del Ministerio de Planificación y recientemente juez federal Claudio Bonadio lo procesó y le trabó un embargo por 1.000 millones de pesos, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en los subsidios al gasoil entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.

 Semanas atrás el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido su desafuero y detención tras acusarlo de desviar fondos de un proyecto en la mina de Río Turbio, en Santa Fe, aunque la solicitud fue rechazado por la Justicia.